Preguntas Frecuentes

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Mascarillas

Las mascarillas pueden considerarse una medida de Salud Pública. De otra manera no tienen sentido.

Las medidas de Salud Pública deben estar coordinadas por la Autoridad Sanitaria y deben cumplir con los requisitos que establece la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

Toda norma que no cumpla con los requisitos generales de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, es nula de pleno derecho.

Por lo tanto, la obligación del uso de mascarillas es absolutamente ilegal, porque ninguna de las normas que imponen el uso de mascarillas obedece a la Ley 33/2011 General de Salud Pública, ni a los Principios Generales del Derecho ni a los principios de ponderación constitucional de racionalidad y proporcionalidad. 

Directamente no les lleven con mascarilla.

El Colegio no les puede obligar a usar mascarilla.

El Colegio podrá tomar una determinación formal y abrir expediente donde tendrá que explicar qué norma pretende imponer y en base a qué ley.

Esa determinación formal debe estar escrita y firmada por una autoridad escolar o sanitaria, debe tener pie de recurso y es el primer paso para solucionar este problema ante la Inspección Educativa o ante la Justicia.

No acepten escritos informales, correos electrónicos, whatsapps o llamadas de teléfono.

Todo esto viene desarrollado por la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común y la Ley 40/2015 de régimen jurídico de las Administraciones públicas.

En tanto en cuanto la obligación venga dada por una instrucción, un protocolo o una recomendación, el uso de mascarilla no puede ser obligatorio. Las obligaciones nacen de la Ley y no de “instrucciones”. En tanto en cuanto se aplique una norma con rango de Ley, esta establece excepciones de muchos tipos, por lo que cualquiera de las excepciones son posibles y no todas ellas dependen de un certificado médico. Por ejemplo, la excepción de “realización de una actividad incompatible con el uso de la mascarilla”, no está determinada por una enfermedad o por ninguna situación clínica, así que tocar la flauta o correr, son excepciones.

Otra excepción de tipo universal es el estado de necesidad. Si una persona necesita respirar sin mascarilla, se encuentra mal con ella o fatigado, podrá quitarse la mascarilla. Las normas no establecen este tipo de situaciones.

La escuela puede impedir la entrada de alumnos y docentes siempre que exista una de dos cosas o las dos:

  1. Una norma amparada por la ley, que obligue el uso de mascarillas y prohiba la entrada de toda persona sin ella (no la hay).
  2. Una resolución firme y formal, dentro de un procedimiento con todas las garantías, donde una autoridad pública de forma expresa y motivada, resuelva la prohibición de entrada de un docente o de un estudiante.
  • No existen estudios ni de la efectividad ni de la seguridad en general. Todos los estudios son de muy baja evidencia y con importantes sesgos metodológicos.
  • Es evidente que los niños necesitan una buena oxigenación para vivir y desarrollarse y también es cierto que los niños tienen una capacidad biológica de adaptación que los permite vivir en condiciones restrictivas de oxígeno.
  • El problema es que no se puede generalizar ni estandarizar sobre el uso de mascarillas ya que el riesgo y beneficio debe ser individualizado y por eso deben ejercerse excepciones basadas en la propia experiencia del afectado y no es estándares pseudocientíficos.

Si desea recurrir la multa, puede hacérnosla llegar escaneada en PDF en un único archivo (no en foto), junto con la fecha de su notificación y un breve relato de los hechos, y le ayudaremos a realizar el escrito de alegaciones.

Con la modalidad de suscripción JURÍDICA que ofrecemos, tienen derecho a 3 recursos de multas gratis cada año, además de un paquete de 12 consultas jurídicas al año sobre temas de consumo y administraciones públicas, 1 procedimiento administrativo de reclamación patrimonial por los perjuicios causados por las administraciones públicas, y 1 procedimiento administrativo de defensa contra las vacunas hasta resolución firme, o 1 procedimiento administrativo de defensa de niños en el ámbito escolar.

PCR

Una PCR es una prueba que sirve para detectar material genético dentro de una muestra biológica.

Como toda prueba, puede tener falsos positivos y falsos negativos y debe completarse con una buena entrevista, síntomas subjetivos, signos objetivos y otras pruebas complementarias. Por sí misma, la PCR no dice nada sin más datos de contraste. 

Ninguna prueba médica es obligatoria salvo por cuestiones de salud pública. Pueden obligar a realizarse una PCR por ley o por decisión judicial siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 33/2011 General de salud Pública. En estos momentos no hay ni decisiones judiciales ni leyes que permitan hacer pruebas PCR de forma involuntaria.

  • Ley 41/2002 de derechos y autonomía del paciente
  • Ley 14/1986 General de Sanidad
  • Ley 33/2011 General de Salud Pública
  • Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
  • Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las AAPP
  • Convenio de Oviedo sobre bioética

Si lo han convocado mediante citación por vía telefónica o verbal, con no acudir si no está de acuerdo es suficiente. Si se lo solicitan por escrito y no quiere realizar la prueba, puede hacerles llegar el escrito de negativa a la realización de la PCR. Recuerde solicitar siempre respuesta por escrito, debidamente firmada por algún responsable.

Toma de temperatura

La toma de temperatura como acto sanitario se debe hacer en condiciones de seguridad y de dignidad del ser humano. No se puede tomar la temperatura si no es de manera adecuada y respetando la intimidad y las preferencias del afectado. 

Solo se podría imponer la toma de temperatura o un método concreto por decisión judicial o mediante una Ley que respetase los derechos fundamentales (dignidad, integridad e intimidad). Hoy por hoy no existe ninguna de las dos cosas

Además, la toma de temperatura debe ser racional y proporcionada en sus métodos y objetivos.

Simplemente di no. Como en cualquier otro caso y tal y como habríamos hecho hace un año si para subir a un autobús, el conductor nos hubiese apuntado con un termómetro.

No hay que perder la perspectiva de las cosas: no se debe tomar la temperatura en público a nadie. Es una grosería y merece una queja y una reclamación.

Confinamiento

El confinamiento solo es posible y legal si hay una resolución judicial que lo autorice o si hay una Ley de Salud Pública que expresamente la prevea y con los requisitos que establece la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

En principio los derechos son:

  • Un procedimiento administrativo con todas las garantías ante la autoridad sanitaria donde uno tenga la oportunidad de defenderse o aportar pruebas
  • Una resolución firme administrativa con pie de recurso donde una autoridad asuma la responsabilidad
  • Una ratificación judicial donde el afectado tenga la oportunidad de defenderse antes de una resolución firme.

Nuestros derechos son de tres tipos:

  • Formales: Un procedimiento con todas las garantías
  • Materiales: que queden cubiertas nuestras necesidades de alimentación, higiene y habitación
  • Patrimoniales: que seamos compensados económicamente por los perjuicios que se nos cause con el confinamiento.

Por supuesto. Debemos pedir que se cumpla la ley y que se cumplan las garantías.

Solo ante una resolución judicial firme hay que obedecer al confinamiento.

  • De positivo a la PCR
  • De negativo a la PCR
  • No se haga la PCR

No hay nada regulado y todo está supeditado a lo que decida la “autoridad sanitaria”. Las decisiones varían caprichosamente y los ciudadanos carecen de la necesaria previsibilidad de las consecuencias de sus propios actos. 

Este es uno de los motivos para apreciar que los confinamientos son ilegales, pues el confinado no sabe exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones ya que no está regulado por ley

Este aspecto tampoco está regulado y es discrecional. Solo tienen derecho a baja laboral los trabajadores directamente afectados por la enfermedad o por la medida de confinamiento.

Como se trata de medidas políticas, caprichosas y no regladas, puede llamar a su centro de salud para plantear las dudas. No dude nunca en llamar y en grabar la llamada por su seguridad.

Si el confinamiento ha sido irregular y no se han cumplido los requisitos y las garantías, romper el confinamiento podrá dar lugar a sanciones e incluso acciones judiciales que se podrán recurrir sin problema.

La doctrina del Tribunal Supremo, es que la Administración no se puede amparar en su propia torpeza y sacar beneficio de ella.

Vacunación

En los centros privados y en enseñanzas obligatorias no regladas, se nos puede imponer la vacunación siempre y cuando no sea manifiestamente abusiva o discriminatoria.

Habrá que ponderar la necesidad y pertinencia, la seguridad y la eficacia de la concreta vacuna que se quiera imponer.

En los centros públicos y concertados donde se imparta enseñanzas obligatorias, no se puede imponer la obligatoriedad de ninguna vacuna.

La vacunación es voluntaria y la decisión la toma el afectado. En el caso de los niños, la decisión y el consentimiento solo lo pueden tomar los padres y no existe legal forma de reprochar a los padres su decisión.

La vacuna es un concepto genérico que amalgama infinidad de productos de distinta naturaleza, composición, seguridad y eficacia, por lo que no existe una norma general que pueda obligar a los padres a una incertidumbre total y por lo tanto no cabe ni reproche ni sanción.

El consentimiento para una actividad médica es un acto positivo por el que un paciente o su tutor consienten de manera consciente la intervención de un concreto profesional en una acción concreta. No existe ni un derecho ni una obligación a "no consentir", ni existe una fórmula salvo la de revocación de un consentimiento previo que en este caso no se ha dado. Por otra parte, el acto de revocar es libre y sin necesidad de justificar, razón por la que la no vacunación, no deba ser "no consentida" de manera expresa.

Ni en el documento de consentimiento ni en el de no consentimiento, aparece firma alguna de un responsable de dicha vacunación, por lo que dichos documentos son inválidos para obligar a las partes. Tampoco consta quién asume la responsabilidad patrimonial por los efectos que pueda causar la vacuna. Ante la falta de información suficiente, la responsabilidad patrimonial debe recaer en el profesional concreto que ejecuta la acción y subsidiariamente en el centro sanitario donde se administra.

Son cuestiones importantes de cara a consentir realmente y de una manera efectiva y sin vicios de consentimiento.

  1. Debe haber información sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en el propio documento.
  2. El documento debe estar firmado por la persona que se responsabiliza de la acción sanitaria.
  3. Debe haber una cobertura de responsabilidad a través de un seguro.

Es por ello por lo que no se puede proceder ni a consentir ni a no consentir la vacunación.

Si sus padres han firmado el documento de no consentimiento y usted tiene copia, eso es suficiente. Si tiene alguna notificación de los servicios sociales, de la residencia, de la fiscalía o de un juzgado, no dude en contactarnos inmediatamente para plantear oposición.

Alternativas a la escolarización

El problema no es que se abra un expediente de servicios sociales.

Hay dos problemas más importantes que un expediente de servicios sociales:

  1. Obligar a que dicho expediente se realice conforme a los principios que establece la Ley general de Servicios Sociales
  2. Ser proactivo y atender a cualquier requerimiento de los funcionarios educativos o sociales, defendiendo nuestros derechos de forma asertiva.

Ante todo, no recomendamos a nadie desescolarizar a sus hijos mientras estén en la etapa de escolarización obligatoria. No tiene sentido y no es práctico. Es un derecho que tienen y no deben renunciar a él. Sea cual sea el modelo educativo que elijan, no es recomendable desescolarizar a un menor.

El Homeschooling es legal. No hay ninguna ley que prohiba el homeschooling y por lo tanto es legal. Lo importante es que sea cual sea el modelo educativo que elijamos, que satisfaga las necesidades educativas del menor.

No es necesario presentar ningún plan. Pero tener un plan diseñado y seguirlo, es la forma más fácil de justificar que las necesidades del menor están cubiertas. Dependiendo de la edad del menor, el plan puede ser más o menos complejo y necesitar de apoyos externos fuera de la familia, por lo que siempre es buena idea contratar a un tutor unas horas al mes para que supervise el cumplimiento y la evolución.

El menor deberá cumplir con las evaluaciones que sean necesarias para pasar de nivel escolar. Por eso es importante no desescolarizar y exigir que se le evalúe de forma continuada o al final de cada nivel escolar. La escolarización es un derecho del niño y el Gobierno está obligado a prestar ese derecho, incluso la evaluación.

No se recomienda desescolarizar. Desescolarizar puede ser una forma de complicar aún más la situación. Solo cabe la desescolarización a través de un sistema de enseñanza reglado y que tenga reconocidas sus evaluaciones. Así evitaremos problemas con la transferencia del expediente de un centro a otro y de un nivel a otro.

Podéis contestarles que ante la situación sanitaria y las restricciones de movilidad no parece aconsejable poner en riesgo a la comunidad educativa ni a los padres con una reunión presencial, por lo que sería más razonable evitar estos riesgos mediante una videoconferencia.

Requisitos para acceso a la escuela

Ej.:

  • Declaración de responsabilidad firmada
  • Vacunas
  • PCR realizada
  • Uso de mascarilla
  • Etc.

Solo si lo exige una ley y siempre que sea necesario y pertinente.

No es necesario firmar declaraciones responsables ni consentimientos previos ni presentar cartillas de vacunación ni pruebas de ningún tipo.

Datos personales/Rastreadores

En la misma declaración responsable, hay un enlace y una dirección del responsable de la gestión de esos datos que en cualquier caso podremos comprobar, corregir o cancelar.

Para cancelar la declaración responsable tan solo hay que hacer un escrito de cancelación al responsable del fichero que está identificado en la misma hoja que firmamos.

Salud Pública

La protección de la Salud Pública es un principio informador de la política social y económica que se encuentra en la Constitución. No tiene rango de derecho fundamental ni puede tener un importante impacto en los derechos y la vida de los ciudadanos.

La legislación en materia de Salud Pública se encuentra dentro del ordenamiento jurídico y su interpretación debe ser integrada en la jerarquía normativa. Es decir, las medidas de Salud Pública, no pueden ser contrarias a la Constitución ni al ejercicio de los Derechos Fundamentales.

Existe una ley que garantiza la armonización de las normas de Salud Pública con la Constitución y es la Ley 33/2011 General de Salud Pública que es la superior en rango a cualquier norma de Salud Pública.

Manifestaciones

En cuanto al derecho de deambulación, reunión, manifestación y asociación, no existen restricciones vigentes. En cuanto a las mascarillas y las distancias, se impone la distancia y la mascarilla salvo en las excepciones que plantea la ley.

Justicia Gratuita

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

1.120€/mes  en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar (vive solo).

1.400€/mes  cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

Si no se dispone nada más que de una vivienda y se carece de inversiones, se puede solicitar justicia gratuita. 

Basta con hacer la solicitud de justicia gratuita en el Colegio de Abogados de su localidad.

Una vez la haya presentado, nos puede hacer llegar la solicitud sellada para que podamos continuar con el proceso. En ese caso se podrían realizar las diferentes actuaciones del proceso sin miedo a sufrir daños y humillaciones económicas y nosotros nos encargaríamos de todo sin coste alguno.